Por M. Collado Rojas
Fotos por: Nicole Baez, Ricardo Alcaraz, Francesca Von
Contexto histórico
La isla de Puerto Rico es una colonia yanqui desde hace 129 años. Desde 1948 la gente con derecho al voto a elegido a un administrador de la colonia, denominado gobernador, que sirve como marioneta de los mejores intereses de los E.U. para establecer las dinámicas que rigen la economía, el desarrollo social, la educación, salud, vivienda y el derecho, a través de sus tribunales y leyes. El desarrollo social de la isla nunca ha respondido a las necesidades del pueblo, sus estructuras gubernamentales son insuficientes y poco eficaces, el desarrollo urbano es ilógico e inadaptado al Caribe, el transporte público es limitado y poco eficaz y los servicios de salud y educación son precarios y poco accesibles. Pero todo este entramado social problemático, excluyente y represivo se ha tejido con malversación de fondos y corrupción.
Sabemos que la deuda fiscal fue creada por decisiones arriesgadas que implicaron el engrosamiento de los bolsillos de políticos y bonistas a cuesta de recortes a servicios básicos, eliminación de convenios colectivos, una reforma laboral que eliminó derechos laborales básicos en el sector privado, el cierre de decenas de escuelas públicas y un recorte multimillonario al fondo de la Universidad de P.R. Se vislumbra, además, el recorte impuesto desde la Junta de Control Fiscal de casi 1,000 millones al Departamento de Salud, afectando la cobertura de servicios de salud a miles personas q no pueden costear servicios de salud privada.
Coyuntura actual
En días pasados el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, firmó una ley de quiebra para el Gobierno de Puerto Rico. Es importante aclarar que el gobernador de P.R. es el hijo de un ex gobernador quien en su mandato privatizó el sistema de salud, el sistema carcelario y el servicio telefónico y quien además aplicó una campana de criminalización de la pobreza llamada Mano Dura contra el Crimen, en donde la policía estatal ocupó los residenciales públicos donde vive la población más marginalizada de la isla.
El 30 de junio de 2016 el presidente Obama firmo la ley PROMESA a través de la cual se impone una Junta de Control Fiscal, quienes se encargarán de administrar el presupuesto de la isla con el expreso interés de que se pague la deuda pública. Una deuda que muchas personas consideran ilegitima y de la que se dice se compone más de la mitad en intereses. Una deuda que el gobierno de Puerto Rico se ha negado categóricamente en auditar, como quedó demostrado el 19 de abril, cuando el gobernador eliminó la Comisión para la Auditoria de la Deuda. Pero cabe preguntarse ¿a que le temen estos políticos? Auditar la deuda implicaría involucrar a muchas personas influyentes en ambos partidos políticos, incluyendo al padre del actual gobernador.
Para contextualizar la coyuntura actual de la isla es necesario tomar en cuenta algunos eventos que preceden la solicitud de quiebra gubernamental ante el tribunal federal. Comenzando el año 2017, el gobernador de Puerto Rico firmó una reforma laboral que recorta licencias para empleados nuevos, elimina protecciones contra despidos injustificados, adjudica recortes en bonos y vacaciones entre otras medidas repudiables al sector laboral en las empresas privadas. “Queremos recalcar al mundo entero que Puerto Rico está abierto para hacer negocios” alegó el gobernador Roselló, el día en que hizo ley la Reforma Laboral. El efecto de esta ley se hizo sentir a solo días, empresas explotadoras como Walgreens, despidieron decenas de empleadas que llevaban años contratadas y que bajo las nuevas directrices laborales quedaron desprotegidas.
El 27 de abril el gobernador convirtió en ley el proyecto 938 que elimina convenios colectivos para personas empleadas en el servicio público. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal solicitó recortes gubernamentales millonarios con implicaciones devastadoras para la clase trabajadora como son los recortes ascendentes a 512 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico, lo cual implicaría entre otros asuntos, el cierre de algunos colegios regionales y decenas de programas de estudios en los once recintos de educación superior pública alrededor de la isla. Esto se suma a la eliminación del fondo de retiro de los empleados públicos, a las maestras, a un nuevo cierre de al menos 187 escuelas, la imposición de aumentos en impuestos a las ventas, en los costos en permisos, peajes, marbetes, permisos y tablillas de vehículos, multas de tránsito, sellos y aranceles de tribunales, así como un impuesto sobre la propiedad y la eliminación de 50 exenciones en las planillas de contributivas sobre ingresos.
1ero de mayo de 2017: Paro nacional
Los preparativos hacia el 1ero de mayo comenzaron con varias semanas de anticipación. La convocatoria a paralizar el país y a generar manifestaciones en protesta en el área bancaria surgió desde distintos frentes de lucha organizados y militantes como Educamos y la Federación de Maestros, la Jornada Se Acabaron las Promesas y La Colectiva Feminista en Construcción. Mientras más se acercaba la fecha, más grupos, sindicatos y organizaciones civiles de todo tipo se sumaron a la convocatoria incluyendo la Concertación contra la Junta y la Mesa de Dialogo Sindical, quienes ubicaron dos tarimas en las calles de la Milla de Oro para esa fecha y quienes se reunieron varios días antes con la policía a negociar logística y a asegurar que una manifestación multitudinaria se llevaría a cabo sin escaramuzas.
Días antes del paro del 1ero de mayo, se gestionaron manifestaciones de protesta a diario en distintos puntos de la isla, en el Capitolio (o la casa de las leyes), en los bancos, en recintos universitarios alrededor de la isla, en centros gubernamentales y comerciales, en el edificio en donde está ubicada la Junta de control Fiscal y hasta en la diáspora en N.Y. y Chicago. Por su parte la policía anunció que asignaría 13,00o agentes para esta manifestación.
La madrugada del 1ero de mayo comenzó con un cacerolazo en la residencia del gobernador en Fortaleza. Una treintena de mujeres de la Colectiva Feminista en Construcción amanecieron con consignas y reclamos al gobernador. Las mujeres lograron acceso a la entrada de Fortaleza y allí fueron emboscadas por la policía de P.R. quienes a fuerza de golpes y “pepper spray” las sacaron algunas arrastradas fuera del perímetro. Al culminar esta manifestación de protesta a eso de las 6am. iniciaron muchas más. Se realizó un cierre al aeropuerto por manifestantes del movimiento estudiantil y se bloquearon algunas avenidas principales del área metropolitana por el grupo Jornada Se Acabaron las Promesas. En otras partes de la isla también hubo protestas, cierres de carreteras y manifestaciones a bancos culpables de la crisis.
Las convocatorias a las múltiples marchas multisectoriales comenzaban a las 10am y todas caminarían desde distintas direcciones hacia “la milla de oro” como se conoce la zona bancaria de la isla. Las feministas marcharían desde la Ave. Chardón, el magisterio en lucha desde el Departamento del Trabajo, el movimiento estudiantil desde la U.P.R., las comunidades organizadas desde el Cano Martin Peña y la Concertación contra la Junta saldría desde otra área aledaña a la Milla de Oro. A estas convocatorias se sumaron decenas de grupos organizados y personas en su carácter individual hasta alcanzar varias decenas de miles de personas movilizándose al centro bancario de la isla.
El ambiente combativo reino desde temprano, las calles estaban vacías, así como muchas escuelas, espacios de trabajo y locales comerciales quienes cerraron por consideraciones de seguridad o en apoyo al llamado a Paro Nacional. En el área de la milla de oro se ubicaron dos tarimas: una gestionada por la Concertación contra la Junta y otra por la Mesa de Dialogo Sindical (ambos esfuerzos compuestos mayoritariamente por sindicatos).
Yo elegí marchar con las feministas. Convocadas por la Colectiva Feminista en Construcción marcharon alrededor de 50 mujeres pleneras que se adiestraron en las pasadas semanas para este evento. Junto a ellas les acompañaron 3 títeres gigantes y decenas de personas coreando reclamos contra las medidas de austeridad desde una perspectiva feminista e interseccional. La marea feminista (como se denominó esta comparsa) marcho por la Ave. Chardón hasta llegar al Tribunal Federal donde se detuvo a presentar algunos reclamos y luego continuó hasta el epicentro de la manifestación, frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal.
Desde otros puntos también marcharon miles de personas manifestándose algunos creativamente a través del arte, la música y el teatro y otras combativamente pintando con “spray” y rompiendo cristales de bancos y empresas multinacionales como CVS o Walgreens. Todos estos frentes de lucha, ocuparon ampliamente el área bancaria. Decenas de miles de manifestantes se manifestaban diversamente en contra de la Junta de control fiscal y las medidas de austeridad.
Desde las tarimas se escuchaban mensajes de unidad que denominaban la manifestación como una fiesta de pueblo. En las tarimas hubo presentaciones musicales, artísticas y teatrales, pero ese no necesariamente era el único sentir de todas las personas que se dieron cita en este 1ero de mayo. La imposición de la Junta de Control fiscal, los recortes en servicios, ayudas y derechos laborales y civiles, los aumentos en impuestos y pagos, el cierre de escuelas, la ejecución de hipotecas, el robo del retiro de las maestras y el intento de desmantelar la universidad pública fueron suficiente acelerante para transgredir una manifestación cultural de protesta en una mucho más combativa.
Alrededor del mediodía se escuchó a través de una portavoz en una de las tarimas que la policía estaba tirando gases lacrimógenos y agrediendo manifestantes con sus macanas. Es desde ese momento que comienzan los enfrentamientos. Algunos manifestantes se enfrentan a la policía con escudos y lanzan piedras. La policía lanza gas pimienta, pero luego retrocede ante las consignas de la multitud: “! ¡Fuera policía!”.
Una piedra lanzada rompe un cristal del Banco Popular, uno de los principales responsables de la deuda y uno de los pocos establecimientos que no colocó tormenteras para proteger su propiedad de las manifestaciones. Comienzan algunos arrestos. Se comienza a divisar la fuerza de choque y la guardia nacional en los alrededores. Los camioneros se suman a la manifestación y bloquean una de las avenidas principales con sus camiones. Los manifestantes identifican entre las personas presentes un sinnúmero de agentes encubiertos. En días pasados agentes encubiertos realizaron varios arrestos a estudiantes huelguistas al salir de una manifestación.
Alrededor de las 2 de la tarde se da por finalizada la manifestación desde las tarimas y la policía se moviliza hacia afuera del área de la protesta. Algunas personas manifestantes desalojan el área, pero otras se quedan, algunas comienzan a tirar piedras al edificio de UBS, (principales responsables del saqueo del retiro de las maestras) desde donde sale un gas rojizo, aparentemente gases lacrimógenos que inundan la avenida. Manifestantes comienzan a lanzar piedras y a golpear con palos los cristales del Banco Popular logrando destruir gran parte de ellos. Se puede observar como queman también banderas de E.U. Los ánimos están muy caldeados y es difícil respirar porque todo el ambiente está saturado de gases lacrimógenos. Hay muchas personas encapuchadas, algunas con pañuelos mojados en vinagre que cubren su boca y nariz para contrarrestar los gases lacrimógenos. Se realizan más arrestos. La fuerza de choque se despliega y empuja a los manifestantes fuera del área bancaria a fuerza de golpes, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos.
La policía se repliega por toda el área aledaña y realiza arrestos y detenciones de personas selectivamente. La fuerza de choque camina sobre la Avenida Muñoz Rivera en dirección a Rio Piedras donde se ubica la Universidad de P.R., que lleva un mes en huelga. La respuesta de las personas manifestantes es combativa, en ocasiones se enfrentan a la fuerza represora y en otras crean barricadas al prender en fuego zafacones y escriben consignas de repudio a la crisis fiscal en que se encuentra la isla. También es posible leer mensajes como: “Pal carajo los gringos” en claro repudio al estatus colonial que sufre la isla desde hace más de 5 siglos (siendo solo el último bajo el yugo yanqui). La escaramuza se extiende hasta el área de Rio Piedras donde las personas manifestantes hacen barricadas para detener la embestida de la policía.
El 1ero de mayo tuvo un saldo de más de una decena de personas detenidas, algunas de las cuales después de largas horas fueron liberadas por no tener cargos para radicar, otras con cargos fabricados que se cayeron, cuatro arrestos con causa probable y uno de los casos de una mujer a quien le radicaron cargos federales sin derecho a fianza.
Además, el Banco Popular radicó a las 3pm. de ese mismo día, 1ero de mayo, una demanda a 42 organizaciones que formaron parte del Paro, a solo horas del primer cristal roto. Demanda que al día siguiente fue enmendada para eliminar las 41 de las organizaciones e incluir a las personas arrestadas, a un líder sindical, un líder estudiantil de la huelga de 2010 y a las personas integrantes de la Jornada Se Acabaron las Promesas.
Pocos días después se radicaron demandas como medidas represivas de intimidación también a personas líderes del movimiento estudiantil actual por otra manifestación en la cual entraron a una reunión de la Junta Presidencial de la UPR en reclamo por el plan para desmantelar la Universidad. Por otro lado, la superintendente de la policía alegó en conferencia de prensa que están monitoreando el movimiento de resistencia en la isla a través de las redes y muchas personas han alegado persecución, ataques y amenazas de personas encubiertas, de policías y de simpatizantes de los partidos en el poder.
Puerto Rico se enfrenta a la lucha de clases más recia que se ha vivido en décadas. El gobierno aplicó leyes como la 20 y 22 para eximir de impuestos a inversionistas extranjeros y así como los buitres que se alimentan de la carne muerta, estos empresarios se salivan de los desarrollos que podrían gestionar en una isla caribeña en quiebra.
La burguesía y los bonistas orquestan las condiciones para continuar generando ganancias a cuesta de las vidas de miles de personas y las marionetas del gobierno gestionan todo tramite que lo viabilice, en lugar de gestionar mejores condiciones para el pueblo. Los políticos en el poder utilizan las herramientas de opresión del estado: la policía y los tribunales para criminalizar la resistencia, mientras los culpables del saqueo de la isla están protegidos con el rechazo gubernamental a la auditoría de la deuda y con la criminalización de quienes contundentemente reclaman su derecho a una vida digna en la tierra en que nacieron o que les tocó vivir.
