La lucha por las 3 Casuales y el derecho a decidir en República Dominicana;
Correspondencia con Aris Balbuena
República Dominicana junto a Honduras, El Salvador, Haiti y Nicaragua forma parte de los únicos 5 países de Latinoamérica donde la interrupción voluntaria del embarazo esta penalizada, criminalizada bajo cualquier escenario, no importa si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, el embarazo haya sido por violación, o exista inviabilidad fetal.
Foto por Apoyo 3 Causales / IG @rd3causales
Al igual que en todos los escenarios regionales, el carácter punitivo de la ley no sólo criminaliza, y pone de relieve el grandísimo rezago en materia de derechos humanos, libertades políticas y conquistas democráticas desde la perspectiva de género, también orienta a la implementación de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres más jóvenes y empobrecidas en el pais.
Para tener una visión más amplia de la discusión en República Dominicana, hablamos con Aris Balbuena integrante de la colectiva Insumisas, quien presento hace un tiempo una ponencia a través del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, en el panel “Aborto: La cuestión de la autonomía de la mujer”.
C/N - Aris, sabemos que en el marco de las discusiones por la formulación de un nuevo código penal para el país, un frente amplio de organizaciones, colectivas, y movimientos sociales y actorxs de la sociedad civil estan pugnando por la inclusion de la despenalizacion del aborto bajo las 3 causales. ¿Cuál es el escenario actualmente, a unos días de haberse cumplido un mes del plantón de la dignidad frente al palacio de la presidencia?
A - La demanda por la despenalización del aborto en 3 causales, que se sostiene por quienes mantienen el campamento y amplios sectores de la sociedad que apoyan esta lucha, es que en tres situaciones excepcionales las mujeres y personas que gestan puedan decidir sobre la continuidad o no del embarazo sin ser criminalizadas: cuando peligra la salud y la vida de la mujer o persona que gesta, si el embarazo es producto de incesto o violación y cuando el feto padece de una patología incompatible con la vida extrauterina.
También se demanda que estas excepcionalidades sean contempladas en el Código Penal, el cual se encuentra en proceso de reforma. Algunos actores dentro del Congreso, que dicen estar de acuerdo con las causales, han propuesto que el tema se trate en una ley especial y mantener la penalización en el Código, pero ya se ha advertido que esto se presta a ambigüedades y a la disposición de trabas para el acceso efectivo a este derecho.
Aunque se formó una comisión en el propio Congreso para determinar si la discusión de las causales en la reforma del Código es viable o no, de la misma salieron posturas encontradas. Un informe de la comisión plantea sólo despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando peligra la vida de la mujer o la persona que gesta. Pero también se elaboró un informe disidente por parte de los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio que sí recomienda que el Código contemple las 3 causales.
Esta semana han iniciado en el Congreso las discusiones sobre las reformas al Código Penal, por lo que el movimiento a favor de las causales se está posicionando con más fuerza, han instalado otro campamento frente al Congreso y se ha hecho aún más visible el apoyo a esta demanda.
C/N - Segun cifras oficiales cerca de 90,000 abortos se practican al año de forma clandestina, y de 10 a 15 personas acuden diariamente a las instituciones de salud publica por interrupciones de embarazo incompletos, cuyas complicaciones, pueden derivar en muchos de los casos en consecuencias fatales. Al igual que en toda la región la despenalización del aborto por las 3 causales en RD, es un asunto sustantivo de justicia, salud, igualdad y dignidad, especialmente cuando los vectores de opresión y violencia mutiple configurados sobre los marcadores de género, clase y raza ponen a la mujer dominicana racializada, y empobrecida como el cuerpo más vulnerable de estas legislaciones punitivas. ¿Cuál es el escenario en términos de acceso a salud sexual y justicia reproductiva en el país?
A - Prácticamente todo el conjunto de garantías que conforman los derechos sexuales y reproductivos son violentados en la República Dominicana. Yendo a lo más básico, no se asegura en las escuelas la educación integral en sexualidad. Ante cualquier intento de avanzar hacia una educación con perspectiva de género y derechos, las reacciones de los “antis” no se hacen esperar. No solo se priva el acceso a EIS, también a métodos anticonceptivos, consejería y servicios de calidad en salud sexual y reproductiva. Una muestra de ello es que también estamos en el ranking de los países con mayor incidencia de la mortalidad materna y del embarazo en adolescentes. Los servicios públicos de salud son insuficientes e ineficientes y la privatización ha sido la clave para desmontar el sistema de salud y seguridad social. En este escenario, es obvio que las mujeres empobrecidas son las más excluidas.
Foto por Fran Afonso / IG @franafonsofotos
C/N ¿Quiénes son los actores políticos, poderes facticos que se oponen a la reforma del Código de la despenalización del aborto por las 3 causales en la República Dominicana? Se dice mucho que la elite eclesiástica en el país incide en las decisiones del congreso. ¿Cuál es el papel de la nueva administración frente a la vieja política, el conservadurismo y el pacto patriarcal-colonial que vulnera la dignidad, autonomía, agenciamiento, derechos humanos, acceso a justicia de las mujeres en el país?
A - Como en casi todos lados, los grupos religiosos y conservadores están siempre atentos y movilizando su agenda antiderechos. Sin embargo, no creo que sean solo estos grupos, desde fuera, quienes limiten que el Estado cumpla su rol de velar por el disfrute de derechos fundamentales, como lo son los derechos sexuales y reproductivos. Estos grupos también están en Argentina, con mucha fuerza, y allí se despenalizó el aborto. El conservadurismo en República Dominicana también está el poder político, en la clase gobernante. Todxs hablan de equidad de género, pero al momento de decidir y actuar, se reproduce el mismo machismo sobre el que se sostienen las desigualdades. Hay un texto en el país que explica este fenómeno en términos de lo “políticamente correcto”, como un dispositivo que opera en torno a los derechos de las mujeres en el país, todxs sabemos que decir para quedar bien en ciertos escenarios, pero eso no se traduce en hechos.
El caso de la actual gestión es emblemático. Llegaron al poder con el compromiso de despenalizar el aborto en tres causales, una de sus candidatas más fuertes, Faride Raful, ganó la senaduría del Distrito Nacional poniéndose por encima del bullying político de los anti-derechos y es una de las principales defensoras de esta lucha en el Congreso. Aun así, el presidente y la dirigencia del PRM han decidido hacerse los desentendidos. Dicen estar de acuerdo con las causales, pero alegan que no pueden imponer el voto en el Congreso, ante lo cual me pregunto ¿Cuántas veces se ha posicionado públicamente Luis Abinader manifestando su apoyo, explicando porqué cree en las causales, hablando de la vulneración a la salud, la vida y la dignidad de las mujeres que implica la penalización total del aborto? Desde que tomó el poder, me parece que ninguna. No existe tal apoyo.
C/N: Una de las reflexiones que se ha tenido en distintos procesos en Latinoamérica ha sido la posibilidad de ver en la lucha de las 3 causales una oportunidad estratégica para la ampliación de derchos que permitan encaminar el proceso de legalización del aborto. La discusión sobre las 3 causales en muchos países de la región ha servido como una conversación de apertura, que permite poner en la palestra pública la relación entre interrupción del embarazo y salud pública, interrupción del embarazo y acceso a servicios de atención médica, interrupción del embarazo y desigualdad. Pero también hay otra lectura que ve urgente profundizar la narrativa de las 3 causales, y no limitar su discusión a un asunto estrictamente de salud, que termina por sobreponerse al sentido político de la lucha, como un asunto de derechos fundamentales, sobre la autonomía, el agenciamiento y la autodeterminación de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Siguiendo la ponencia que presentaste en la Fundación Fredrich Ebert que problematiza estas lecturas, como lo percibes, ¿cómo se percibe esto en el marco de República Dominicana?
A - Se pueden apreciar ambas posturas, quienes creen que hablar de causales es un paso a la despenalización total y quienes creemos que esa demanda tan acotada se queda corta en términos del derecho a la autonomía sobre el cuerpo.
No se trata de estar en desacuerdo o acuerdo con las causales en sí mismas, la penalización es esas circunstancias es una forma de imponer la condena a muerte y la tortura. Obligar la continuidad de un embarazo cuando quien gesta ve en peligro su salud y vida, cuando el feto no sobrevivirá fuera del útero o cuando es producto de violación, solo puede ser interpretado como un acto de sadismo y desprecio hacia las mujeres. Sin embargo, la autonomía va mucho más allá de esos casos extremos, es reconocer, por ejemplo, que la gestación es un proceso y que este ocurre dentro del cuerpo de otra persona, que es quien debe decidir qué hacer ante cualquier tensión o conflicto.
El problema de partir de las causales es que se empieza pidiendo lo mínimo, negado toda posibilidad de cambiar la mirada que criminaliza el aborto voluntario, pues aún con causales continua como un delito penal, y cayendo muchas veces en argumentos que apelan a la pena o refuerzan las mismas ideas que están detrás de la penalización del derecho a decidir. Hasta ahora no conozco ningún caso de personas que se hayan querido embarazar solo para abortar, no se aborta “por gusto”. La decisión de abortar es siempre excepcional, lo ideal es no tener que atravesar por una situación de embarazo no deseado, pero estos sí ocurren y toca a quien gesta tomar cualquier decisión al respecto. Entiendo que esta es la conversación que vincula aborto y autonomía, que se ve limitada en el discurso de las causales, no solo porque se prioriza la justificación de las circunstancias específicas que se demandan, también para dejar claro que la lucha no es por el aborto libre.
C/N: ¿En un ejercicio de imaginación política, que significaria en la República Dominicana un modelo de salud sexual y justicia reproductiva desde la justicia social y la lucha antirracista?
A - Lo primero es que la garantía de acceso a salud sexual tiene que montarse en un sistema de salud público, gratuito, de calidad y universal. Mejorar los servicios de salud por partes, con programas fragmentados, seguirá reproduciendo exclusiones. Lo otro es la mirada desde las cuales se producen los servicios y atenciones. En la práctica médica también se recrean las relaciones de poder jerarquizadas por clase, género, raza… La violencia obstétrica es una prueba de ella, así como la discriminación a la población LGBTQI o la negación de entrada a cualquier centro de salud, de cualquier nivel, por cuestiones de vestimenta o apariencia física. El discurso de “las parturientas haitianas”, comodín para tapar los conflictos reales del sector salud, también evidencia que no hay visión de la salud como un derecho fundamental.
Desde la salud, la educación, el marco normativo… se debe reconocer el contexto, cuáles son las problemáticas y como las resuelve la gente, y desde ahí crear condiciones para asegurar el disfrute de derechos y libertades.
Foto cortesía de Aris Balbuena