La disputa por la vida digna y el espacio público en tiempos del Covid 19.
Por Angel Saenz
Vivir en un país periferizado trae consigo todo un paquete de dinámicas compartidas dentro del sur global, muchas de ellas desde luego descansan en la desmedida maquinaria de empobrecimiento de las comunidades no-blancas, el reducido campo de acceso a derechos sociales, la distribución desigual de poder y desde luego las múltiples maneras de fuga, organización social y resistencia que hemos construido históricamente las comunidades para hacer frente a ello. Hoy quisiera hablar de estas dicotomías, concretamente situado en mi experiencia como un varón prieto y vendedor ambulante en la siempre caótica Ciudad de México, pero no es desde un campo meramente testimonial, sino como un lugar de enunciación desde donde irremediablemente me sitúo para hablar, y desde donde pretendo construir un análisis de las problemáticas que enfrentamos en esta crisis sanitaria, política y económica a la que nos orilla el Covid 19.
En México como en diversos lugares del mundo la división del trabajo está completamente jerarquizada por el racismo, lo que permite la reproducción de un régimen de empobrecimiento y marginalización de las comunidades no blancas, pues el grueso del aparato productivo, tan precarizado, descansa en las manos de millones de personas de color, que producen plusvalor en el país con una de las jornadas laborales más extensas del mundo y por la cual también se percibe menos retribuciones salariales al respecto.
A consecuencia de ello los individuos y las familias nos hemos visto orilladas a buscar entre los intersticios de un sistema genocida de explotación, las maneras de disputar e implantar otras formas de sobrevivencia y otras formas de economía en el mercado informal y el autoempleo, siendo este rubro el que concentra con mayor fuerza la ocupación laboral del país, alcanzando casi el 60%.
Desde luego que la informalidad no representa en sí mismo la ruptura de la lógica capitalista ni está exenta de explotación de diversas formas por los regímenes de competencia, o incluso porque gran parte de esa informalidad no sólo es autoempleo, ha sido también una forma de refugio de las pequeñas empresas para evadir cumplir con las mínimas exigencias de derecho laboral, sobre todo en el campo de la construcción y el trabajo doméstico. Pero independientemente de esa complejidad al centro de ese 60% de informalidad, en el campo del autoempleo concretamente sí ha resultado un problema para el Estado, cuyo objetivo es garantizar no sólo la mayor captación de recursos a partir de la recaudación fiscal, cosa que evidentemente se obstaculiza con la informalidad, sino también por ser el encargado mantener un margen de desempleo y garantizar el grueso de la mano de obra barata de las múltiples empresas nacionales y multinacionales, que gozan en territorio mexicano de legislaciones abusivas para las y los trabajadores.
Si además consideramos el ominoso proceso de gentrificación acelerada que viene sufriendo la ciudad en los últimos años, podemos inferir fácilmente que la situación para los comercios ambulantes e informales no es la mejor, ya que gran parte de estos procesos de despojo se fundamentan en la limpieza social y el blanqueamiento del espacio público, por lo que las condiciones de trabajo de miles de personas se realizan con una intensificación del hostigamiento y del acoso policial. No es desde luego un hecho aislado a esta lógica el asesinato de Luis Octavio Vega en marzo pasado, un vagonero que fue brutalmente golpeado por la policía bancaria del metro de la Ciudad de México hasta matarlo. Como desde luego tampoco escapan de esa lógica, las recientes y frecuentes campañas mediáticas desde diferentes medios de comunicación, con múltiples notas periodísticas que tiene como fin generar en la opinión pública “el problema del comercio informal”.
Es precisamente en este momento en que nos alcanzó la pandemia y como era de esperarse, las políticas por parte del Estado no tuvieron otro horizonte. Bien es sabido que México fue y es de los pocos países cuyas medidas de confinamiento fueron en apariencia mucho menos severas, pero también es cierto que los recursos destinados para cumplir un confinamiento seguro para todos y todas han sido también de los más pobres a nivel mundial. Se ha orillado a todas las comunidades que vivimos al día, a elegir entre arriesgarnos a contagiarnos de Covid 19 o ha intentar generar algo de recursos para la subsistencia. Sin duda dando un gran ejemplo de lo que significa para el Estado lavarse las manos.
Pero ese desde luego no ha sido el único embate del Estado con respecto al autoempleo y al comercio informal, en la Ciudad de México se ha decidido cerrar y desalojar todos los puestos fuera de las estaciones de metro y avenidas, siguiendo la misma historia con los tianguis o mercados sobre ruedas, desde donde no sólo mantenían su ingreso cientos de miles de familias, sino que servían también para garantizar el abasto más económico para millones de personas, ahora orilladas a tener que hacer sus compras en los supermercados multinacionales, a los cuales no se les ha restringido ninguna función durante todo este periodo.
Es sin duda un tanto desalentador el panorama para las personas que nos dedicamos al comercio informal, pues de a poco la incertidumbre sobre nuestras formas de autoempleo se han ido materializando en certidumbres de que el gobierno aprovechará la situación de la emergencia sanitaria, tanto para un reordenamiento del espacio público como para la intensificación aún mayor del hostigamiento y prohibición sistemática de esta economía sobre la que se sostienen millones de personas. Enfrentaremos desde luego un reto para la disputa del espacio público y de exigencia de empleos dignos con derechos laborales, pues el desmantelamiento del comercio informal sin otra opción digna sólo traerá aun mayor pobreza y crisis a las personas y familias de por si vulnerabilizadas. Necesario articular nuevas maneras de organización política que nos permita hacer frente a esta crisis presente, sabiendo que lo peor se avecina.
